Los investigadores españoles piden los mismos derechos de los europeos

XORNAL I Madrid .- Entre estas recomendaciones se incluye la contratación de los investigadores recién licenciados, que es la norma en varios países europeos (véase el informe de la FJI "La situación en España de los Investigadores en Fase Inicial: un estudio comparativo con respecto a Europa". Esto supondría el fin de las becas y del estatus de estudiantes de los investigadores predoctorales.

EL GOBIERNO LITUANO.- El Gobierno lituano regulará a partir del 1 de Enero de 2006, los derechos, obligaciones, proceso de selección y condiciones de trabajo de los investigadores en el sector público del país. Es sin duda un paso significativo el emprendido por el Gobierno Lituano a favor del cumplimiento de la Carta Europea del Investigador con esta resolución.

OBJECTIVOS DE LA CARTA EUROPEA DEL INVESTIGADOR.- La Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, fueron aprobados por la Unión Europea en Marzo de 2005 con el objetivo de garantizar que todos los investigadores europeos gocen de los mismos derechos y deberes cualquiera que sea el país de los 25 en que desarrollen su trabajo. Tanto el Código como la Carta luchan por combatir la actual fragmentación existente entre las carreras investigadoras en los distintos países de la UE y por crear un mercado laboral dinámico y abierto para los investigadores, dentro y fuera de las fronteras europeas.

EL GOBIERNO ESPAÑOL.- Particularmente en estos momentos, cuando está en trámites de aprobación un Estatuto del Personal Investigación en Formación que supone el tránsito a un modelo de dos años de beca y dos de contrato (2+2),sería necesaria la actuación de esta carta Europea.

Los investigadores españoles piden, siendo tan europeos como los lituanos, al Gobierno de Rodríguez Zapateroque empieze a formalizar la promesa de mejorar las condiciones laborales de los investigadores, comenzado con la aprobación del Estatuto del Personal Investigador en Formación, y a adaptarlas a las recomendaciones de la Unión Europea, adoptando también mediante resolución en esta o la próxima legislatura la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores.