El pacto de Cataluña resta opciones a Galicia para ser nación en su estatuto

XORNAL I Barcelona/A Coruña.- El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, expresó en el Comité Federal del PSOE el compromiso de los socialistas gallegos con la reforma del Estatuto catalán, del que dijo que debe ser compatible con la Constitución y con los niveles de solidaridad que garantiza el Estado autonómico. El líder del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo advierte de que la reforma gallega comenzará "con menos competencias" si se mantienen los postulados del Estatut.

Lo que sí parece claro es que Galicia ya no será nación en su estatuto, como pide el BNG, sin que el PSdeG - PSOE se oponga frontalmente. Al rechazo del PP, necesario para sacar adelante el Estatuto gallego, se suma ahora el pacto restrictivo alcanzado para Cataluña. Dehecho, el vocablo "nación" no figurará en el artículado, sino en el preámbulo.

El Gobierno central ha aceptado ceder a Cataluña el 50% de la recaudación del IRPF -la misma cifra que ya incluía el primer documento que presentó el vicepresidente Pedro Solbes-, otro 50% del IVA y el 55% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos).

El presidente Rodríguez Zapatero y el líder de CiU Artur Mas también cerraron un compromiso sobre la agencia tributaria, que se había erigido como uno de los grandes escollos para sacar adelante el acuerdo financiero, habida cuenta de la resistencia numantina del Gobierno a que en Cataluña hubiera una sola agencia. Según lo pactado, dentro de dos años se unificarán las dos agencias tributarias (la del Estado y la de la Generalitat) mediante la creación de un consorcio, comandado por la Generalitat, que tendrá la mayoría, según revela El Periódico de Catalunya.

LA DEUDA HISTÓRICA.- El acuerdo entre CiU y PSOE sobre el Estatut prevé que se reconozca la "deuda histórica" de inversión pública del Estado en Cataluña, que se pagará en los próximos siete años, según ha explicado el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. En declaraciones a Catalunya Informació, Duran ha revelado que el acuerdo establece que se analizarán los últimos diez años para ver en qué porcentaje por debajo del PIB catalán quedaron las inversiones públicas del Estado en Cataluña, y de este cálculo "se deducirá una cantidad y esta cantidad nos la pagarán en siete años".

Duran, que ha considerado "importante" este reconocimiento de la "deuda histórica" catalana en inversiones, también ha comentado que, al calcular en el futuro la inversión pública del Estado, "habrá que tener en cuenta" el criterio del PIB catalán.

En cuanto a la gestión de los tributos, ha explicado que en un periodo de dos años podrá quedar constituido un "consorcio" entre la "administración tributaria catalana y la administración tributaria española" para los impuestos compartidos. Dentro del título de financiación también se incluirán "unos criterios de definición de solidaridad que introducen cierto cambio del sistema".

En este sentido, ha comentado que a partir de ahora "el dinero de la solidaridad sólo podrá servir para financiar servicios básicos" de otras comunidades autónomas con menos renta, como educación, sanidad o asistencia social, pero no los utilizarán, por ejemplo, "para operaciones de cambio de sexo, mientras aquí nosotros tenemos colas para las prótesis de cadera".

CATALUÑA, UNA NACIONALIDAD.- La polémica cuestión de la definición de Cataluña también fue objeto de acuerdo. Allanado el pacto en financiación, encontrar la fórmula que satisfaciera a ambas partes fue coser y cantar. Como quería el Gobierno, el vocablo "nación" no figurará en el artículado, sino en el preámbulo, que tendrá una redacción diferente a la que, para disgusto de los partidos catalanes, entregó el jueves el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Con nación en el preámbulo, que no tiene valor jurídico, el artículo primero de la futura carta autonómica quedará como en el Estatut vigente: "Catalunya, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatut, que es su norma institucional básica". El modelo podría extrapolarse a las otras dos nacionalidades históricas: Euskadi y Cataluña.