XORNAL I A Coruña.- El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero, como consecuencia de las intensas negociaciones entre el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y la Federación de Jóvenes InvestigadoresPrecarios (FJI-Precarios). "El objetivo era dejar atrás las penosas condiciones recogidas por el anterior Estatuto del Becario, una norma de cumplimiento voluntario y que ofrecía una protección social ridícula", según la Federación de Jóvenes Investigadores. Sin embargo, "el gobierno tan solo ha dado un pequeño paso, al incumplir incluso el acuerdo de mínimos firmado en junio entre MEC y FJI y no recoger la totalidad de las recomendaciones de la Unión Europea contenidas en la Carta Europea del Investigador y del Código de Conducta para la Contratación de Investigadores", apunta este colectivo.
CONSIDERACIONES GENERALES.- El ejecutivo presume de los logros de este EPIF, señalándolos como históricos, y de haber satisfecho las reivindicaciones de los jóvenes investigadores, lo cual "dista mucho de ser verdad", afirman los investigaodres, que cuentan que el nuevo sistema "de 2+2 (dos años de beca y dos de contrato laboral) no es más que un tímido paso para formalizar la carrera investigadora, hasta ahora sin ningún reconocimiento, pero no constituye ni mucho menos el objetivo final a alcanzar". Consideran desde FJI-Precarios que sería más correcto que el gobierno adoptase "una posición más humilde, en la que se señalase que este es el comienzo de una reestructuración necesaria de la figura laboral del investigador y, que no se ha hecho sino comenzar un camino en el que todavía hace falta mucho por recorrer hasta llegar a adoptar todos los compromisos señalados por Europa. Sin embargo, tras la aprobación de este Estatuto, cualquier alusión a este Espacio Europeo de Investigación es enérgicamente rechazada".
HABLAN DE UN BOCHORNOSO INCUMPLIMIENTO.- Una de las cuestiones más "graves" del EPIF aprobado en consejo de ministros es "el incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado con la FJI en junio", señala este colectivo. Explican desde FJI/Precarios que dicho acuerdo establecía "inequívocamente que todos los investigadores en formación cotizarían a la Seguridad Social. Desde entonces, seis meses de reuniones y numerosos borradores del EPIF habían conseguido una solución que respetara el acuerdo: las becas de investigación asociadas a programas de postgrado cumplirían el EPIF y el resto de las becas de investigación (por no ser formativas) se convertirían en contratos laborales. Ese era el compromiso del Gobierno, firmado por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, y avalado por el propio Presidente del Gobierno".
Consideran en FJI-Precarios que "ambos han faltado a su palabra y han vuelto a dejar en la estacada al colectivo de los jóvenes investigadores que se sienten defraudados. Se incumplen las recomendaciones de la UE, el programa electoral del
PSOE y el acuerdo de mínimos firmado por el Gobierno en junio".
CARENCIAS Y CONTRADICCIONES.- El Estatuto además, contiene "vacíos y contradicciones" que la FJI, el Consejo de Estado y el propio Ministerio de Trabajo ya han advertido. Consideran estos jóvenes investigadores que no "sólo discrimina a los becarios que no hayan obtenido el Diploma de Estudios Avanzados (DEA): calificando de improductivos a los que se encuentran en sus dos primeros años de beca para justificar así su no contratación, cuando esto no se corresponde a la realidad observable en cualquier centro de investigación o universidad española. Sino que, además, discrimina a los becarios predoctorales asociados a proyectos de investigación: que quedan por tanto abandonados a su suerte, que consiste, en la mayoría de los casos, en becas renovables infinitas veces bajo las mismas condiciones precarias". Estos investigadores que realizan investigaciones técnicas "quedan excluidos del ámbito del EPIF", advierten.
Sin embargo, consideran que "no se regula adecuadamente que estas ayudas deban convertirse en contratos laborales aunque se admite que esas becas no son formativas. De este modo se sigue permitiendo una práctica abusiva que dejará nuevamente a miles de personas trabajando sin Seguridad Social".
Hace falta señalar que el EPIF considera que aquellos investigadores que están en posesión del DEA pero no han alcanzado dos años de beca, tampoco pueden ser contrataos, teniendo que completar este período. "Esto sin duda carece de lógica alguna y desestima el razonamiento argumentado para discriminar a aquellos que deben ser contratados de los que no. Si el criterio es el Diploma de Estudios Avanzados, una persona que obtuviera beca en posesión de este título debería acceder automáticamente al sistema de contratación laboral. Si, por el contrario, lo es la experiencia adquirida en dos años de formación, cualquier becario, fuese asociado a proyecto o tesis, debería obtener el mismo reconocimiento tras el mismo tiempo de investigación", señalan desde este colectivo.
COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL.- Ante la publicidad dada al hecho de incorporar a todos los becarios al Régimen General de la Seguridad Social, consideran que se debe "puntualizar que el establecimiento de unas bases de cotización mínimas para los becarios de 1º y 2º año, disminuyen las prestaciones recibidas, y quedan igualmente sin derecho a las prestaciones por desempleo o sin ser cubiertos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
"A esta cadena de despropósitos para con la carrera investigadora se une que los becarios y contratados verán así disminuido su poder adquisitivo con el EPIF", dicen los investigadores. "Las retenciones y cotización a la seguridad social se realizarán a partir del sueldo bruto de que actualmente disponen y, por lo tanto, su sueldo pasará de los 1100 a los 910 mensuales. Se ignora, de esa manera, la subida de los precios, el coste real de la vida y la equiparación con otras categorías profesionales similares dentro de la Universidad que están llevando a cabo algunas Comunidades Autónomas. Entre ellas se encuentra Andalucía, gobernada también por el
PSOE, que equiparará la percepción salarial de los becarios con los ayudantes no doctores".
Así mismo, advierten que "la restricción a dos años de contrato provoca incertidumbre, ya que podrían darse casos de incompatibilidad e incumplimiento del EPIF con convocatorias ya existentes y futuras más ventajosas para los jóvenes investigadores al reconocer más derechos. Sería el caso de las actuales convocatorias tipo 2+2 pero más flexibles y tipo 1+3 y de convocatorias futuras tipo 0+4".
A LA COLA DE EUROPA.- Aseguran que con esta normativa, España "se queda una vez más a la cola en los esfuerzos por mejorar la eficiencia y solidez de su sistema de Ciencia y Tecnología, que sigue haciendo aguas, y que es en gran parte sostenido por el esfuerzo e ilusión de quienes quieren seguir innovando y mejorando nuestra calidad de vida, aunque sea bajo condiciones tan denostadas. La Paradoja Europea que constituye el caso español -un país cuyo sistema y aportación a la I+D no es proporcional a su nivel de desarrollo- continuará mientras el ejecutivo se empeñe en ignorar este desfase y en hacer caso omiso a las voces que señalan esta situación".