La fiscalía estudia imputar por corrupción a Paco Vázquez y a Fontenla

XORNAL I A Coruña.- La denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra el empresario Luis Castro Valdivia y contra el cuñado de éste, el ex director xeral de Industria Ramón Ordás Badía, por un supuesto delito de tráfico de influencias en varias concesiones energéticas podría ampliarse a algunos de los socios de los imputados, entre los que se encuentran el ex alcalde de A Coruña y actual embajador en el Vaticano, Francisco Vázquez, y el presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla. Por el momento, el fiscal está recabando información para comprobar si existe alguna irregularidad relacionada con estos dos empresarios.

Mientras tanto, el principal investigado, Luis Castro Valdivia, negaba que el parentesco con el ex alto cargo le haya beneficiado en la concesión de eólica y minicentrales, y aseguraba que esta acusación "carece de fundamento". "Mi relación con Ordás, lejos de beneficiarme, me ha perjudicado en numerosas ocasiones en mis actividades empresariales", dijo en un comunicado.

Al respecto, agregaba que las relaciones personales con él "nunca han sido buenas", negaba una relación de amistad entre ambos y aclaraba que no fueron cuñados hasta el año 2001. Castro Valdivia reivindicó su trayectoria empresarial desde "hace más de 17 años" y "todas" las sociedades por él participadas "han respetado la legalidad vigente".

Ese mismo argumento de legalidad es que el esgrimen todos los implicados.


VALORACIONES POLÍTICAS.- En el apartado político hay distintas valoraciones. El líder del Partido Popular gallego, Alberto Núñez Feijóo, optor por distanciarse del tema, pese a que fue vicepresidente del Gobierno que dio cobertura a los presuntos corruptos. Feijóo subrayó que su partido respalda "todas las actuaciones judiciales" y precisó que "no ampara, ni defiende ninguna trama que suponga tráfico de intereses". Por ello, demandó una investigación "sin límites", aunque requirió a los jueces "independencia" para que "no tengan la misma dependencia que tiene el fiscal del caso Otegi".

Por su parte, el actual presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, analizó las críticas de Feijóo hacia la gestión de su Gobierno como "una cortina de humo para tapar la imputación de un alto cargo popular y presuntas anomalías urbanísticas".

"Espero que la justicia clarifique en todos sus términos lo que hoy se califica como un presunto delito de influencias", añadió, y criticó la distancia que toma Feijóo del asunto al apuntar: "es bien cierto que, para él, todos estos son problemas de funcionarios y no de políticos, y él pasaba por la Xunta de Galicia, lo que no es estar a la altura de la responsabilidad y de las circunstancias".

El jefe del Ejecutivo no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que la denuncia afecte también al socialista Francisco Vázquez y a su socio el empresario Antonio Fontenla. "Mi preocupación no puede ser otra que la que hace referencia a la responsabilidad de la Xunta de Galicia", dijo, e indicó que lo que está en "tela de juicio" es la imputación de un alto cargo del Gobierno anterior, por lo que lo que debe dirimirse, manifestó, son las responsabilidades políticas de quienes estaban encargados de este asunto en el anterior Gobierno gallego.