El fiscal investiga a los ex cargos del PP que aún facturan con el bipartito

Pablo G. Quintas. / XORNAL.COM I A Coruña.- Los ex altos cargos del PP vinculados a las supuestas irregularidades de la Cidade da Cultura que siguen adjudicándose concursos con el bipartito están bajo investigación. Desde marzo del año pasado, tanto la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como el Tribunal de Cuentas de Madrid analizan con detenimiento el caso, pero todavía no han hecho públicas sus primeras conclusiones.

Tal y como adelantó ayer este periódico, la Xunta ha adjudicado en los últimos tres años decenas de contratos a empresas vinculadas a ex altos cargos y antiguos asesores del PP y del conselleiro de Cultura durante los años de Gobierno de Manuel Fraga, Jesús Pérez Varela.

Algunas de estas empresas son Plexus, Soluciones Informáticas y Multimedia (SIM) y Auditores Asociados de Galicia. Los informes extraordinarios del Consello de Contas sobre el Gaiás y los Años Xacobeo hablan de supuestas deficiencias en la concesión de contratos a estas compañías, en algunos casos con el procedimiento de negociado sin publicidad.

Tras las duras críticas de BNG y PSOE a estas sociedades durante la comisión de investigación sobre la Cidade da Cultura, el año pasado Plexus se adjudicó un contrato de casi 900.000 euros de la Secretaría Xeral de Comunicación, dependiente de los socialistas. Una UTE Plexus-SIM ganó otro concurso convocado por la Consellería de Innovación e Industria, gestionada por los nacionalistas.

Al margen de los contratos publicados ayer por Xornal de Galicia, hay otros, en este caso de la Consellería de Presidencia, Obras Públicas e Xustiza. En el ejercicio 2007, mientras se celebraba la comisión de investigación sobre el Gaiás en el Parlamento, la Dirección Xeral de Xustiza adjudicó tres concursos a la empresa Plexus para “o mantemento dos equipos informáticos da Administración de Xustiza”.


Reacciones

Tras la información publicada ayer por este periódico, la diputada del BNG Ana Pontón aseguró que las supuestas irregularidades de las citadas compañías están en manos de la Fiscalía. “A comisión de investigación no Parlamento serviu para moitas cousas e xa nas conclusións quedaban reflictidas algunhas delas, agora debe ser a Fiscalía a que poida falar, ten as competencias nese aspecto”.

“Nós quixemos chegar ao fondo e saber que había detras, pero o BNG tampoco quere xudicializar a vida política, deben ser os tribunais os que teñan a última palabra”, afirmó. Pontón se opone a las listas negras de empresas y defiende las adjudicaciones realizadas por la Administración, la actual y la anterior, siempre que se realicen a través de los procedimientos correctos y sin irregularidades formales. “Durante anos, fixéronse cousas con alevosía e nocturnidade”, añadió la diputada nacionalista.


Cuentas

Al margen de las investigaciones abiertas en Galicia, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de Madrid denunció posibles irregularidades en la gestión del proyecto de la Cidade da Cultura.

Los procesos abiertos por el Tribunal de Cuentas son largos, ya que es el mismo organismo que estudia la gestión del dirigente popular Carlos Negreira al frente de Portos de Galicia en el año 2004.

En el caso de que se confirmen las sospechas de irregularidades y se determine la existencia de responsabilidades contables, los gestores tendrán que “devolver el dinero defraudado” al erario público, e incluso pagar intereses.

El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión del Estado, pero a diferencia de los consejos de cuentas autonómicos tiene también funciones jurisdiccionales.