El crimen de Vigo pone en duda el jurado popular

M.C. / XORNAL.COM I A Coruña.- La polémica sobre la conveniencia de un jurado popular en casos de repercusión social grave ha vuelto a abrirse tras la resolución del crimen de la calle Oporto, en Vigo. Los miembros del jurado absolvieron a Jacobo Piñeiro Rial, que previamente confesó haber matado a dos hombres con 35 y 33 puñaladas antes de quemar su edificio. Los ciudadanos consideraron que actuó en defensa propia por miedo a ser violado.

El fiscal del caso y la acusación, que pedían la pena máxima, ya anunciaron que recurrirán la sentencia. El fiscal jefe de Vigo, Juan Carlos Horro, fue más allá al asegurar que “sin duda, un tribunal profesional lo hubiese condenado”. “Si hubiesen sido dos chicas y no dos homosexuales, y además uno de ellos negro, hubiese sido condenado; lamentablemente es así”, afirmó. El colectivo homosexual Milhomes se pronunció ayer con dureza en el mismo sentido, y denunció que “matar a dos gays merece la absolución y quizás también la bendición”.

No es la primera vez que la fiscalía pone en duda la figura del jurado popular desde que en 1995 se instauró la Ley del Jurado. De hecho, en muchas ocasiones el Tribunal Superior de Xustiza anuló estos veredictos, que suponen un elevado coste para las arcas autonómicas.

Cada Audiencia Provincial celebra uno o dos casos de este tipo al año, cuyo precio puede llegar hasta los 8.000 euros, ya que los miembros del jurado reciben unas cantidades fijas a las que hay que sumarle los gastos de manutención y alojamiento durante al menos dos o tres días, para mantenerlos aislados.

La mayoría de las sentencias anuladas por el TSXG pierden su validez por “escasa motivación”, es decir, porque no quedan suficientemente probados los motivos que han llevado a los ciudadanos, sin formación en Derecho, a tomar la decisión. Entre ellos, el crimen de Rande o el caso de un alemán que mató a su mujer en Guillarei (Tui). También se ha dado el caso contrario, en el que el jurado declaró inocente a un acusado que finalmente resultó culpable, como un marinero de O Grove que mató a un vecino en 2003. En 2002, el entonces fiscal jefe del TSXG, Ramón García Malvar, ya había sido muy crítico con este tipo de jurados tras el crimen de Covadonga, cuyo veredicto, según él, estaba “lleno de incoherencias”.