Aún no ha pasado una semana de las elecciones autonómicas y los resultados ni siquiera son definitivos porque aún no se ha producido el recuento de los votos procedentes del Censo Electoral de Residentes Ausentes, pero el futuro presidente de la Xunta ya ansía acceder al cargo. Alberto Núñez Feijóo envió ayer una misiva al presidente saliente, Emilio Pérez Touriño, en la que le urge a “concretar de maneira efectiva o mecanismo de coordinación para o traspaso da información” y a que designe al interlocutor del actual Gobierno en funciones para que se reúna con la persona que elija el PP para “garantir un traspaso de poderes o máis operativo posible”. Hace cuatro años también se puso en marcha una comisión similar, aunque no se hizo hasta 33 días después de los comicios, tras una reunión entre Touriño y Fraga y con el Parlamento ya constituido.
No es la única cuestión distinta a la aplicada por el PP en el último relevo en la Xunta que ahora reclama Feijóo, que en su carta recuerda que no existe regulación gallega sobre el traspaso de poderes, pero advierte de que la estatal limita la gestión del Gobierno en funciones “ao despacho ordinario dos asuntos públicos, e absténdose de adoptar, agás en casos de urxencia debidamente acreditados ou por razóns de interese xeral, calesquera outras medidas, excluíndose en todo caso as relacionadas coa dirección política da administración”.
No pensaba lo mismo hace cuatro años, cuando era conselleiro de Política Territorial y vicepresidente en funciones y defendía que el Consello de la Xunta aprobase las cuestiones pendientes “hasta el último minuto”. Y así lo hizo el Gobierno Fraga, que 40 días después de los comicios y uno antes de la investidura de Touriño aún se reunió para aprobar obras de abastecimiento, un decreto sobre centros de menores e incluso varios acuerdos para invertir casi 20 millones de euros por parte de la consellería que dirigía Feijóo.
Aquella Xunta en funciones adjudicó obras por millones de euros, concedió las licencias de televisión digital e intentó aprobar un decreto para blindar a los altos cargos, que recibió las críticas de los sindicatos y el informe negativo del Consello Consultivo. El Ejecutivo de Fraga, del que Feijóo era vicepresidente, también aprobó el plan acuícola y la instalación de un parque eólico, cuestiones que parecen alejadas del despacho ordinario de los asuntos públicos que establece la ley. Fraga decía entonces tener la conciencia “muy tranquila” por adjudicar en funciones y defendía la facultad de su Gobierno para hacerlo, una postura que también entonces mantuvo el que dentro de unos días será nuevo jefe del Ejecutivo autonómico.
Alberto Núñez Feijóo apuntaba mes y medio después de las elecciones de 2005 que el Gobierno en funciones sólo tenía como límite lo establecido en la Ley de la Xunta y de su presidente y que era lógico que celebrase Consellos para aprobar las cuestiones en trámite, siempre con aval jurídico. “Nos parece que ese es el comportamiento democrático que los ciudadanos exigen y espero que todos los gobiernos, a partir de ahora, hagan lo mismo”, afirmaba.
El PSOE dijo ayer que garantizará un traspaso de poderes “en tiempo y forma” y que no repetirá el “espectáuculo bochornoso” de 2005.

