El conflicto llegó de la mano de una reforma en la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, que afectaría unicamente a Caja Madrid, y saltó en pocos día al terreno político, donde fue utilizada por unos y otros, socialistas y populares, para atacarse mutuamente en el Congreso.
La reforma, ahora recurrida, establecía dos circunscriciones electorales, fija la proporción entre depósitos por oficinas y habitantes para determinar la distribución de consejeros y limita al 30% la representación máxima de cada ayuntamiento.
