El alto cargo de la Xunta que adjudicó a Microsoft en abril un contrato de 2,2 millones de euros en un concurso sin publicidad, Jorge Remuiñán, es un funcionario de la Xunta nombrado en 2002, por designación directa del Partido Popular liderado por Manuel Fraga, jefe de los Servicios Informáticos del Parlamento.
Tal y como adelantó Xornal de Galicia el pasado martes, el día 16 de abril, con el bipartito de Gobierno en funciones, Remuiñán aprobó el inicio del expediente de contratación, pero no lo publicó en el DOG y le ofreció directamente a Microsoft la adjudicación dándole un plazo de respuesta de cinco días, hasta el 20 de abril –con fin de semana en medio–. La multinacional aceptó en solo 24 horas.
Llama la atención que el ex director xeral de Calidade y Avaliación das Políticas Públicas, Juan José Romero, no fue cesado hasta el 23 de abril, pero el informe técnico lo avaló Remuiñán, subdirector xeral de Servizos de Informática. La persona que firmó la propuesta de adjudicación provisional fue María Isabel Caramés, también funcionaria de la Xunta desde la época de Manuel Fraga. La resolución de adjudicación lleva el visto bueno de Beatriz Cuiña Barja, secretaria xeral nombrada por Alfonso Rueda.
Debido a la elevada cuantía económica en juego, este tipo de contratos suelen sera abiertos para permitir la libre concurrencia. En este caso, fue a través de procedimiento negociado sin publicidad .
El día de inicio del expediente, el citado 16 de abril, se celebró en el Parlamento la votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo. “Solicitouse unha soa oferta á empresa Microsoft Ireland Operations Limited por ser a propietaria do produto, recibiendo a oferta o día 17 de abril de 2009”, recoge el informe técnico.
El documento también explica que la oferta de Microsoft cumple lo demandado en el pliego de prescripciones técnicas, pero a continuación se apunta lo siguiente: “A avaliación –del concurso– non procede ao existir unha única oferta que cumpre o demandado”. El montante global que recibirá la compañía es de 2.215.680,54 euros.
Los empresarios gallegos del sector de las telecomunicaciones han mostrado a este diario su malestar por el concurso, teniendo en cuenta la existencia de varias compañías punteras con capital enteramente gallego.

