Los empresarios de Ferrol y su área metropolitana consideran que la gestión de Navantia en determinadas áreas supone desde hace meses un lastre para el conjunto del sector de la construcción naval. El sistema de pago de la compañía retrasa los ingresos a las firmas auxiliares, muy necesitadas de liquidez en la actual crisis económica.
Tal y como adelantó ayer Xornal de Galicia, los errores políticos y de gestión han llevado al grupo Navantia, en el que están integrados los astilleros de Ferrol-Fene, a una crisis. La empresa cerró el año pasado con unas pérdidas de 51 millones de euros, cuando las previsiones a comienzo de ejercicio eran de 10,2 millones de beneficios.
Según los sindicatos de Ferrol, la centralización de todas las decisiones en Madrid y la apuesta por el programa de gestión y producción SAP, en lugar del Nécora vigente hasta el año pasado, han supuesto un deterioro de la actividad diaria de la sociedad naval.
El problema ha transcendido y los empresarios de Ferrol, integrados en la Confederación La Unión –fruto de la fusión de CEF y Cefeor– demandaron recientemente la modificación del sistema de pago puesto en marcha por Navantia, ya que “limita la liquidez de las auxiliares y no permite negociar adelantos con las entidades bancarias”.
El presidente de la patronal ferrolana, José Rilo, explicó a Europa Press que “en cuanto un barco entra en los astilleros de Navantia, la empresa reclama un servicio inmediato a las compañías auxiliares; pero a partir de ahí, Navantia tarda un mes o dos en hacer el pedido formal para ejecutar el trabajo”. “Posteriormente –sostiene Rilo–, una vez que se recibe ese pedido, se remite la factura y, luego, a esperar a que paguen, puesto que no dan ningún documento que permita a esa empresa ir al banco y negociar eso que va a cobrar”.
Rilo considera que, de este modo, las auxiliares no pueden negociar con las entidades bancarias el uso de las cantidades económicas por adelantado. Por este motivo, reclama que “Navantia garantice que esas empresas puedan acceder, a través de una negociación con entidades financieras, a ese dinero que van a cobrar, dentro de seis meses u ocho meses”. Este sistema de cobro actual provoca, según remarcó, que haya “muchos bancos que no quieren saber nada de Navantia”, pese a ser una empresa pública.
Los representantes de la patronal ferrolana ya han puesto estos hechos en conocimiento de la dirección autonómica de la CEG y de la Xunta. Esperan además que, al tratarse de una empresa pública, el Gobierno tome decisiones a corto plazo.
CONVENIO Y PLAN INDUSTRIAL
El mes pasado, la empresa y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo que establece que se retomarán las mesas de negociación para la firma de un convenio colectivo único que englobe a todos los astilleros de la compañía en España.
Lo que acumula un retraso considerable es la puesta en marcha de un nuevo plan industrial, comprometido en la reconversión del año 2004 y que sigue pendiente. En opinión de los sindicatos, es “imprescindible” para fijar carga de trabajo, despejar dudas sobre el futuro de la empresa, afianzar el empleo y generar nuevos empleos.
En diciembre de 2008, el comité de empresa de Navantia Ferrol comunicó a los medios su malestar con la dirección de la entidad por negar el compromiso adquirido en diciembre de 2004 de desarrollar un plan para todos los centros.
Los representantes de los empleados anunciaron que “exigirán medidas políticas contra los responsables de la compañía y de la SEPI porque están mintiendo y falseando”, además de “incumplir” los acuerdos pactados con anterioridad.
De esta forma, los trabajadores respondían a un escrito de Navantia que detallaba que “no existe ningún compromiso por parte de la empresa para negociar el plan industrial, con el que los sindicatos demandan que se especifique el futuro de cada uno de los centros navales, que se fijen nuevas incorporaciones y que se defina la carga de trabajo”.

