La Fiscalía enviará a los incendiarios reincidentes a prisión preventiva

Los incendiarios reincidentes serán enviados a prisión preventiva, teniendo en cuenta una serie de parámetros como la peligrosidad del pirómano, la posibilidad de reincidencia, los antecedentes penales o la gravedad y las consecuencias de los fuegos. Esta medida fue anunciada ayer por el fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, dentro de la campaña estival para la prevención de incendios.

Tras una reunión en la que se definió el despliegue de efectivos para la campaña de este año, Varela explicó la importancia de las fuerzas judiciales y la coordinación con la policía autonómica y la Guardia Civil, que este verano mantendrá a 1.300 agentes patrullando los montes gallegos.

El fiscal también señaló que en lo que va de año han sido detenidas 101 personas por delitos relacionados con incendios forestales, tanto intencionados como provocados por imprudencias. Una cifra que el año pasado llegó a las 147 detenciones.

Varela reveló que el 90% de los fuegos producidos en los tres últimos años, fueron provocados por descuidos e imprudencias. Una cifra que se eleva hasta el 95% si se cuentan únicamente los incendios de los últimos seis meses.

Cabe destacar, que frente a los datos de detenidos en 2007 y 2008, que suman más de 350 personas, el número de sentencias condenatorias se reduce hasta casi la quinta parte, quedándose en 74 sentencias.

De la coordinación de este plan para la prevención de incendios forestales se encargarán cuatro fiscales, uno por provincia, que a su vez estarán organizados por el fiscal delegado de Medio Ambiente, Alvaro García.

Además de estas medidas, los fiscales mantendrán vigentes las instancias relativas a los incendios forestales del año pasado, que serán reeditadas. Sobre estas medidas, Varela destacó algunas tareas de los fiscales como la recabación de pruebas procesales que tienen como fin evitar que las pruebas sean desestimadas durante el juicio por no haber sido obtenidas del modo establecido. También se reforzará la coordinación con los agentes de la policía, para que los atestados sean eficaces como prueba ante los tribunales.