El ministro de Industria, Miguel Sebastián, confirmó ayer el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) el 5 de julio de 2013, una decisión que calificó de “meditada”, aunque “no fue fácil de tomar”. Así resumió en cuatro los motivos de esta medida: “es políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible”.
Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió una rectificación al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero por tratarse de “una decisión disparatada y fruto de un capricho”, mientras que el secretario general del PP castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que confía en que el líder de los populares se convierta en el próximo presidente del Ejecutivo para frenar el cierre de la planta. No obstante, el titular de Infustria advirtió de que el Plan Garoña “no contempla” un escenario “reversible”.
MEDIDAS LABORALES
Sebastián afirmó ayer que el Gobierno “no va a olvidar” a los trabajadores de la nuclear y que cuenta con un margen de cuatro años para ofrecer una “buena alternativa industrial” en la zona.
En la misma línea, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, avanzó que el viernes elevará al Consejo de Ministros, junto a Industria, un informe para impulsar un plan de actuación territorial para crear tantos puestos de trabajo como los existentes, o incluso incrementarlos.
En favor de este plan, Corbacho recordó que la UE permite acceder en esta zona a ayudas directas a fondo perdido y que estas partidas podrían suponer el 50% de la inversión necesaria, mientras que el resto podría obtenerse mediante créditos preferentes con coste cero. Además, indicó que Industria ya trabaja con “escenarios para subvenciones que en cuatro años podrían estar en los 100 millones de euros”. Asimismo, aseguró que los cuatro ejes del programa serán la reindustrialización de la zona, una mejora de las infraestructuras, impulsar el turismo, un plan de formación de la plantilla de Garoña y la compensación económica de los ayuntamientos.
El comité de empresa de la nuclear, sindicatos y trabajadores se concentraron ayer a las puertas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para entregar “más de 25.000 firmas” y una carta a favor de su continuidad hasta 2019.
También el portavoz de Industria de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, consideró un “grave error para el futuro” de España la decisión, mientras el diputado de IU Gaspar Llamazares afirmó que el Ejecutivo “dilata” su actuación a 2013, “cuando haya otro Gobierno” y que no satisface “ni al movimiento ecologista, ni a las organizaciones pronucleares”. El diputado del PNV Emilio Olabarria tambié lo consideró “decepcionante”.

