Los emigrantes acusan de “chantaje” y “actitud mafiosa” a los dirigentes que proponen que el centro lo dirija una firma foránea
“O aceptan esto o nos vamos; o firman el acuerdo o la Xunta se retira de la Fundación y, si no, traigan ustedes otra propuesta”. Con esta lapidaria frase sorprendieron los dirigentes del Gobierno autonómico a los representantes de las cinco agrupaciones del Centro Gallego de Buenos Aires durante la reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Galicia Saúde que se realizó en la capital argentina el viernes de la semana pasada.
La Administración acababa de presentar una propuesta para que el grupo privado 3A Recoletas gestionase durante al menos 13 años el histórico centro de la emigración con la ayuda de una jugosa subvención de la Xunta de 3,1 millones de euros anuales y para colaborar en paliar su difícil situación económica. Por contra, la firma, con sede en Castilla y León, se limitaría a aportar 8 millones de euros a razón de 615.000 euros al año. La propuesta de la Xunta supone despojar a los emigrantes de la gestión del histórico centro gallego, con más de 100 años de historia y un simbolismo que supera cualquier negocio empresarial.
“La actitud de los representantes de la Xunta fue mafiosa y chantajista, están jugando con una institución histórica y con la salud de miles de gallegos”, dice uno de los socios del centro que, como todos, prefiere mantener el anonimato ante el temor a posibles represalias. “Fue un chantaje en toda regla, era decir sí o la ruina y la nada para los emigrantes”, aclara otro emigrante conocedor de las conversaciones que tuvieron lugar en una tensa reunión que dejó “sorprendidos” a los representantes gallegos.
Pero hay quien sí estuvo en la charla y corrobora todo, aunque tampoco desvele su identidad. “Fue una falta de respeto, una falta de ética y moral lamentable; sus formas son deleznables”, asegura. En la reunión, además de los cinco representantes de las cinco agrupaciones gallegas del centro (A Terra, Breogán, Unión Gallega, Celta y Galicia), estaban presentes la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas; el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda; el secretario xeral de Emigración, Santiago Camba; el secretario xeral de Sanidade, Roberto Pérez; el director de Recursos Económicos del Sergas, Pablo Torres; el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López; y el gerente de la Fundación Galicia Saúde, José Castelao Bragaña.
Todos los dedos apuntan a dos dirigentes, los más rotundos y amenazantes con sus propuestas: Alfonso Rueda y Santiago Camba. “No se puede ser tan torpe, impresentable y mafioso y es por eso por lo que desconfío de que aquí hay algo más”, dice un prestigioso empresario de origen gallego.
La colectividad emigrante tiene “mucho que sospechar” de un proyecto que fue adelantado brevemente a algunos dirigentes del hospital gallego a las once de la noche del jueves 22. El viernes por la mañana, el borrador estaba encima de la mesa del Patronato. “Todo una semana después de que el gerente estuviese en Galicia y nadie le adelantase nada, lo tenían bien atado, pero no nos dieron tiempo a reaccionar”, dice otro emigrante que asegura que las agrupaciones siguen recibiendo presiones a diario para que firmen una propuesta con la que, en principio, no están de acuerdo.
“Pasé un momento muy malo, sobre todo por la actitud avasallante de algunos dirigentes que han faltado al respeto a mucha gente”, insisten desde Argentina, donde siguen las negociaciones entre las diferentes agrupaciones del Centro Gallego.
El tiempo corre y las negociaciones se aceleran. La Xunta, con el objetivo de aprobar ya el acuerdo, convocó para el próximo 9 de noviembre una reunión extraordinaria del patronato en Santiago. Para conseguir el visto bueno, y según los estatutos, la Administración necesitaría que al menos dos de los cinco representantes de las asociaciones votasen a favor. De este modo, alcanzaría los dos tercios necesarios, al sumar los cinco apoyos de los delegados del Gobierno gallego.
Así, el Centro Gallego quedaría en manos de una empresa privada, sin experiencia en Galicia y mucho menos en la emigración. Para evitarlo, las agrupaciones más contrarias a la propuesta de la Xunta intentan mantener la unidad en la negativa al texto. Pero hay dudas y alguna “fractura” provocada por las presiones a las que están siendo sometidos desde San Caetano. “Al presidente de la institución le dijeron que sería el propio Feijóo quien lo llamaría para convencerlo”, dicen.“Sólo por la forma en que se ha planteado, ya deberíamos decir que no”, aseguran los emigrantes, alguno con más de 50 años en Argentina y más de 70 años de edad. La colectividad gallega, “indignada” con el trato de los dirigentes apura ahora sus últimos días para salvar un centro histórico y de un valor sentimental incalculable. Muchos, afines al PP desde siempre, tienen bien clara una cosa: “Más allá de las diferencias, don Manuel nunca hubiese actuado así”.


