La Xunta “extremará la seguridad” en las oposiciones que convoque y confeccionará e imprimirá con “carácter general” los exámenes en dependencias propias, de forma que en este proceso participen “exclusivamente” funcionarios.
La Dirección Xeral de Función Pública quiere aportar así la “máxima seguridad” y “transparencia” a los procesos selectivos después de las irregularidades que han salido a la luz en las últimas semanas. Tal y como adelantó Xornal, este departamento propondrá a los tribunales de las primeras pruebas de los recientes exámenes de oposición al cuerpo administrativo de los grupos C1 y C2 la expulsión de cinco aspirantes, tras constatarse que obtuvieron puntuaciones anómalas que podrían indicar que conocían con anterioridad las preguntas.
Los exámenes se celebraron en Silleda el 19 de septiembre y el 3 de octubre. La investigación se inició tras constatar que en la prueba del C1 los seis primeros opositores sacaron puntuaciones superiores y distanciadas del resto y que, además, los cinco primeros presentaron un patrón similar de aciertos y errores. En el marco de este proceso se comenzó otra pesquisa cuando estos cinco aspirantes estuvieron también entre las mejores notas del C2.
Según la Xunta, durante dos semanas se realizaron más de 40 interrogatorios y se llegó a la conclusión de que la sexta opositora, que fue la única que ofreció una colaboración abierta con el proceso y no participó en el examen del C2, no tenía relación directa con la presunta actuación “fraudulenta”. Las investigaciones de la Xunta también exculparon a los miembros de los tribunales, que fueron diferentes en ambos exámenes. Ahora, el Gobierno autonómico trasladará su investigación interna a la Fiscalía, como ya hizo la CIG, para que decida “lo que vea conveniente sin prejuicio de lo que Función Pública acuerde en el ámbito administrativo”.
Igualmente, la Xunta también se propone ajustar los temarios para que las pruebas se ajusten al puesto que luego se va a desempeñar.

