Los sindicatos acusan a Función Pública de “escurantismo”

Once días después de que concluyese la comisión de investigación que recomendó la exclusión de cinco opositores, tres de ellos hermanos, a las oposiciones al cuerpo administrativo de la Xunta (C1) y a auxiliar administrativo (C2) por encontrar indicios de que los aspirantes sospechosos se habían beneficiado de filtraciones, la Dirección Xeral de Función Pública continúa negándose a facilitar el nombre de la empresa o empresas que realizaron las fotocopias ni a quién encargó el traslado de las pruebas ni cómo se realizó la custodia de los exámenes. “Esos datos no los vamos a dar porque se trata de empresas privadas”, reiteran desde la dirección xeral.

Respuesta parecida a la que recibe la prensa se la dan a los sindicatos que han reclamado, incluso por escrito, el informe que la Dirección Xeral se comprometió a trasladar al Ministerio Fiscal para que investigue cómo consiguieron los exámenes los cinco opositores expulsados del proceso de selección para que sopese si hay consecuencias penales. Pero, por el momento, ni los sindicatos han podido ver el documento ni este ha sido trasladado a la Fiscalía, según ha podido saber Xornal de Galicia.

“O que está a facer Función Pública é deleznable. Ata pedimos por escrito que nos deixasen ver o informe e aínda non contestaron”, se queja el responsable sindical de la CIG, Manuel Gallardo Canitrot. “Pódese entender que non o fagan público, pero non que llelo agochen aos representantes sindicais. Entendemos que non é maneira de actuar dunha administración e pediremos responsabilidades ao máis alto nivel polo escurantismo. Se cadra fano así porque teñen algo que agochar”, añade el representante de la CIG para asuntos de la administración pública.

José Francisco Sánchez-Brunete, del CSIF, también censura que Función Pública no les haya trasladado el informe y el celo que la Dirección Xeral está teniendo a la hora de comunicar el nombre de las empresas a las que se encargó la copia de los exámenes. “Claro que no me gusta esta manera de actuar. Son empresas que se pagan con dinero público. Igual que se sabe a quién se adjudica una autopista, se tiene que conocer, y más como afectados, quién hace las fotocopias”.

El celo que faltó a la hora de custodiar las pruebas es distinto al que se está dedicando a custodiar el nombre de las empresas pese a las reclamaciones de los sindicatos, que también fueron los que alertaron de posibles irregularidades en el proceso selectivo que se desarrolló en en Silleda el 19 y 20 de septiembre. “Nós entendemos que deberiamos ter acceso a ese expediente informativo que se abriu grazas ás denuncias dos sindicatos”, afirma Emilio Doforno, responsable de CC OO. “É lamentable que non teñamos acceso ao expediente, cando o director xeral nos dixo que se ía remitir á Fiscalía por se houbese consecuencias penais”.

Doforno no encuentra una explicación razonable para justificar la actitud de Función Pública que, en principio, actuó con celeridad para resolver el problema. “Ao final a consecuencia que resulta desta actitude é a falta de transparencia e o ocultismo. Os representantes dos traballadores non o entendemos porque ao final se vai saber. Será dentro de dez días e terán problemas por telo ocultado”. La comisión de investigación que presidió Jaime Bouzada, director xeral de Avaliación y Reforma Administrativa, exculpó a los miembros de los tribunales de la posible filtración de los exámenes al tratarse de equipos distintos y dejó en manos de la Fiscalía las pesquisas para detectar cómo se produjo la fuga y las posibles consecuencias penales si se demostraba que detrás de los indicios hubiese delito. El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, “está muy comprometido”, según fuentes próximas a Función Pública, a “extremar las medidas de control”. Se comprometió nada más saberse el resultado de la investigación a trasladar el informe de la comisión de investigación al Ministerio Fiscal pero, hasta la fecha, esto no ha sucedido. “Eu son o primeiro sorprendido porque non tiña por que dubidar do que nos dixo o director xeral de Función Pública. Se a día de hoxe está sen levar é que nos enganou, e o ocultismo que se está a amosar para que non saibamos o nome da empresa que fixo as fotocopias fai sospeitar que non se quere que se saiba porque se se tira do fío pode haber alguén detrás”.

El responsable de la central sindical CIG, Gallardo Canitrot, cree que “o que se fixo foi vender fume, dicirnos que se investigaba a fondo, que se levaba o informe a Fiscalía e por iso nós denunciamos esta actitude e acabaremos pedindo responsabilidades ao máis alto nivel pola falta de transparencia”.

La CIG sí trasladó a la Fiscalía su propia investigación en la que se pedía una investigación en profundidad para depurar responsabilidades en el proceso selectivo y evitar que se vuelvan a producir filtraciones.

Para el sincato UGT, la única manera de que eso ocurra es imprimir los exámenes unas horas antes de que se realice. “Nosotros defendemos que un ordenador elija sobre una batería de preguntas y que el tribunal imprima las pruebas en el mismo recinto ferial unas horas antes. Los miembros tendrían que llegar al recinto y estar aislados, sin tener móviles ni posibilidad de comunicarse. Es la única manera de garantizar la igualdad y la transparencia. No puede ser que las fotocopias se almacenen uno o dos días antes porque no habrá nunca garantías y es necesaria una administración transparente y sólida”, afirma Francisco Méndez, responsable de UGT.

Méndez es el único líder sindical que respalda la actuación de Función Pública respecto al silencio que está manteniendo cuando se le pregunta por el nombre de la empresas que realizaron las fotocopias los exámenes a C1 o C2 o por el traslado de las pruebas: “Estoy de acuerdo. Supongo que Función Pública pretende resguardar el nombre hasta que se demuestre si hubo delito”.