La Oferta Pública de Empleo (OPE) que la Xunta está acometiendo en los últimos meses va camino de acabar en los tribunales, pero de Justicia. Las alarmas de fraude saltaron tras las filtraciones que se detectaron en las pruebas al cuerpo administrativo de la Xunta (C1) y a auxiliar administrativo (C2). Una comisión de investigación decidió excluir a cinco opositores, tres de ellos hermanos, y continuar con el proceso selectivo. Esta decisión ya está siendo recurrida por muchos aspirantes que consideran que, si no se repiten los exámenes, no hay garantías. El resultado de la investigación está en manos de la Fiscalía, que le toca realizar las pesquisas para detectar en dónde y en qué punto se produjo la filtración de la prueba y las posibles consecuencias penales.
Parecía que las oposiciones al Sergas –competencia de la Consellería de Sanidade y no de la Dirección Xeral de Función Pública, como las anteriores– se estaban celebrando con normalidad, pero ayer la Asociación Gallega de Odontoestomatólogos comunicó que el pasado 12 de noviembre presentó un recurso contra el proceso selectivo para el ingreso en la categoría de odontólogos de atención primaria.
La asociación de odontólogos gallegos, “avalada con informes universitarios”, reclama la “suspensión y paralización del proceso selectivo” al considerar que “los errores que el Sergas cometió ponen bajo sospecha” las pruebas celebradas en Silleda el pasado 27 de junio. Los odontólogos denuncian que “el 40% de las preguntas no se ajustan en absoluto a las funciones propias” que realizan en atención primaria, “como las relativas a cirugía maxilofacial, estadística, epidemiología, embriología o anatomía”, que “más de un 15% contienen graves errores en su formulación” y que estas “anomalías registradas explican el inusual bajo porcentaje de aprobados, claramente inferior al de otras especialidades”.
De los 309 aspirantes a las 24 plazas que se ofertaban, aprobaron 34, “cifra que supone un 11%”, mientras que en Ginecología “superaron las pruebas el 88%” de los opositores “y en Pediatría el 95%”. Para la asociación, con estos datos “podría pensarse que solo una persona que conociese de antemano el contenido del ejercicio podría aprobar” y concluye que “este concurso-oposición pretende apartar de su puesto a profesionales con muchos años de servicio”.