González-Sinde, entre la espada y la pared

“Decepcionados”, “más preocupados que antes” y sin un acuerdo. Así salieron los internautas y blogueros convocados ayer por la ministra de Cultura para explicarles las medidas que el Gobierno proyecta para proteger la propiedad intelectual, entre ellas el cierre de web sin orden judicial. Y la respuesta, en la red.

El mismo número de internautas que firmaron el manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet en las redes sociales, convocaban a miles de personas a concentrarse hoy por la tarde frente al Ministerio de Cultura en Madrid y en otras ciudades españolas. “Esta podría ser la primera vez que de verdad se organiza una revolución digital”, explica a Iván San Martín, usuario de Internet, bloguero y uno de los creadores del grupo de Facebook en defensa del manifiesto, que poco antes de la reunión contaba con más de 33.000 miembros.

LA PIEDRA EN EL ZAPATO

El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible del Gobierno contempla una Comisión de Propiedad Intelectual para impedir la vulneración de la propiedad intelectual en Internet con medidas como el cierre de las web sin que un juez lo dictamine. Esa propuesta ha excitado un movimiento de resistencia en la red, un “revuelo” que a la ministra, según dijo ayer en el Senado, le parece “positivo” porque, dice la sociedad “demuestra lo viva que está”.

Contradiciendo las impresiones de la otra parte, la ministra subrayó que la reunión había sido “muy positiva”, que su departamento sigue abierto a “mejorar” y “escuchar” todas las opiniones y que habrá más citas para “aprender, hablar y debatir”. Insistió en que la nueva norma solo pretende afrontar “el problema de la oferta ilegal” y que todos coinciden en “que hay que abordar una nueva manera de trabajar” en la red, aunque todavía no se haya encontrado “la solución perfecta”.

Uno de los 14 blogueros que acudieron a la visita ministerial, el ex director del diario Público y autor del blog Escolar.et, Ignacio Escolar, aseguró tras la cita que salía de la misma “más preocupado de lo que venía”. A su juicio, las nuevas medidas permitirán el cierre de páginas albergadas no solo en servidores de España, sino en otros países, de forma que el Internet que “veríamos” en España no sería “el mismo que en Francia o Estados Unidos”. Algo “peligrosísimo” y que se hace en países como China o Cuba, “no en los democráticos”.

A otro de los asistentes, Enrique Dans, profesor de Tecnología del Instituto de Empresa, le parece que la norma es “antidemocrática y equivalente a la Ley Corcuera”, y que la Comisión es una suerte de “policía de Internet” que releva a los jueces a un papel secundario.

Por su parte, el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, coincidió con Escolar en que la medida anunciada le parece propia del régimen comunista chino porque podría “secuestrar” páginas web, y aseguró que el Gobierno crearía así “una policía del pensamiento” o “un comité de salud pública internáutica”.

Al otro lado, los representantes de los libreros y editores españoles han pedido al Gobierno “más mano dura” y sanciones ejemplares contra quienes descargan contenidos ilegales de Internet. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, precisó, tras comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso, que el cierre de páginas web deberá contar siempre con “control y autorización judicial”, a la que la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá que comunicar sus decisiones.

EL GOBIERNO RECULA

Y poco después de que le llovieran las críticas a González-Sinde, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dieron la vuelta a la ley asegurando que cualquier intervención “necesitará una orden judicial”. Zapatero salió al paso desmintiendo que se vaya a cerrar ningún sitio de la red en el marco del proyecto de Ley de Economía Sostenible.

En el mismo sentido se manifestó Caamaño, que aseguró que cualquier corte en el servicio de Internet deberá contar siempre con “control y autorización judicial”, a la que la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá que comunicar sus decisiones. Es, subrayó, “compatible” que la Comisión inste al cierre de las web y que luego se le comunique a la autoridad judicial “para que adopte las medidas necesarias”.