El 50% de las pymes gallegas cierran por impagos de la Administración

El 50% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se ven en la situación de cerrar tienen como motivo principal el impago del dinero que les adeudan las administraciones públicas, con demoras de ocho meses de media. Así lo constata la Conderación de Autónomos y Profesionales de España (Caype).

“Aunque tienen líneas de crédito en los bancos, éstos no se las renuevan porque no tienen ingresos”, aseguró Eliseo Calviño, presidente de Caype. La falta de ingresos no se debe, en muchas ocasiones, a que el negocio no sea viable, sino a que los clientes de una determinada empresa no pagan sus facturas.

Entre estos clientes se encuentra la administración pública, que adeuda a las empresas gallegas, sobre todo a las más pequeñas, más de 600 millones de euros y entre 9.000 y 12.000 millones de euros en toda España. De un informe de Intrum Justitia se desprende que el 90% de las empresas recibe sus pagos con retraso porque a su vez sus clientes están sufriendo dificultades financieras y los ayuntamientos son de las administraciones que peor lo están pasando.

nueva ley

Una de las vías para solucionar el drama que soportan miles de empresarios y autónomos en España por la demora en el cobro de sus contratos está recogida en la Ley de Economía Sostenible preentada por el Gobierno central. En la nueva normativa, hay un capítulo referido a la reducción de la morosidad en las operaciones comerciales y, en su artículo 52 se obliga a la administración a abonar el precio de los contratos públicos en los 30 días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras.

Actualmente, el plazo contratado se sitúa en 139 días –la media europea es de 67 días–, un periodo demasiado amplio pese a haberse reducido en comparación con el año pasado, cuando alcanzaba los 144 días. La nueva ley tiene como objetivo mejorar la protección de los acreedores limitando el plazo de pago de los proveedores para las pymes y autónomos. Se elimina el principio de libre contratación de las partes y se fija un período máximo de 60 días (menos de la mitad que ahora). También establece códigos de conducta para prevenir prácticas abusivas.

Otra de las quejas de las empresas se refiere a que los ayuntamientos que no pagan no reconocen las deudas –totales o en parte– contraídas. Para que los municipios no se evadan de su responsabilidad, la ley creará un registro de facturas y documentos emitidos por contratistas y así poder justificar las prestaciones realizadas por éstos. Se notificarán al Pleno las facturas sin pagar por más de tres meses.