Unas 700 impugnaciones al convenio de acreedores

El concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa presenta numerosas dificultades judiciales, lo que alarga aún más los plazos del proceso. A pesar de las quejas de los afectados, el caso tiene unos pasos que el juez Pablo González Carreró no se puede saltar.

Hasta el momento, se han presentado cerca de 700 impugnaciones a la lista y el convenio de acreedores propuesto por la empresa, según los datos remitidos el miércoles a la CNMV. Acumulados estos procedimientos, representan la impugnación de 800 créditos.

Cada uno de estos incidentes se tramita como si fuese un juicio, aunque en su mayor parte ya se encuentran en fase de conclusión para dictar sentencia. Hasta el pasado 10 de diciembre, un total de 338 ya estaban completamente resueltos.

En la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también figura que “el número de contratos de compraventa, actualmente en vigor, que contemplan expresamente una cláusula de indemnización a favor del comprador por incumplimiento de la vendedora es de 130 contratos sobre un total de 4.319, es decir, un porcentaje del 3%, aproximadamente”.

Sin embargo, la compañía presidida por Fernando Martín se muestra partidaria y apoya que “se produzcan pronunciamientos judiciales que reconozcan daños materiales por retraso en la entrega a favor de clientes compradores que acreditan un daño efectivo, por importe cercano al coste de la mensualidad en alquiler de la vivienda adquirida, por cada mes de retraso”.

Anticipos

El importe total de los anticipos recibidos de clientes asciende, según la última información disponible, a 214.690.000 euros. De esta cantidad, un 40% carece de aval.

“Hay gente que sigue pagando su piso sin saber si se va a terminar o no; y algunos de ellos están en paro”. Ésta es la realidad a la que cada día se enfrenta Santiago Pérez, asesor jurídico de Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, que representa a más de 600 afectados.

En su opinión, “es injusto seguir pagando por una vivienda que no se sabe cuándo se construirá y sin saber dónde irá ese dinero. Sin embargo —advierte—, la legislación es muy clara al respecto, y los afectados que dejen de pagar podrían perder el 25% de las cantidades entregadas, o dejar de ser considerados crédito contra la masa”, perdiendo la posibilidad de cobrar en primera instancia.