El plan de austeridad de la Xunta, con el que pretende deshacerse de los coches “que sobran” de la etapa del bipartito para reducir gastos, se contradice una vez más con las acciones del Gobierno gallego. El conselleiro de Presidencia ya anunció un plan con el que utilizará los audis y Citroën que están parados para permutarlos por otros coches “que sean más necesarios para la Administración”. Sin embargo ahora, el mismo mes en el que prevé aprobar estas medidas en el Consello, la Xunta anuncia en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la licitación para arrendar una partida de cinco coches nuevos para el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), dependiente de la Consellería de Traballo e Benestar.
El Gobierno gallego se gastará más de 76.000 euros en el renting de estos cinco coches para realizar la inspección de salud pública. La argumentación de Presidencia a este diario para justificar el gasto es que el ISSGA “no entra dentro del nuevo plan de modernización del parque móvil”. Desde la Administración no descartan que la futura permuta de coches sí pueda beneficiar a otras entidades públicas dependientes de la Xunta de las mismas características, pero no aclaran las causas: “Puede que con otras se haga, pero con el ISSGA no”, afirman.
El Gobierno autonómico defiende que estas entidades “tienen un presupuesto propio”, por lo que sus coches no entran dentro del parque móvil. Sin embargo, como ya informó Xornal, son varios los conselleiros que, para no usar los coches de altos cargos del bipartito que permanencen parados en el garaje, usan vehículos de organismos públicos de fuera del parque móvil. Algunos ejemplos son el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, que se mueve en un coche registrado como propiedad de la Sociedad de Gestión del Xacobeo, o la secretaria xeral de Turismo, María del Carmen Pardo, con un vehículo de Turgalicia.
Mientras, los 17 audis del bipartito siguen criando polvo, y esta semana la Xunta aseguró a Xornal que también tiene pensado deshacerse de dos de los cuatro Citroën C6 que están a disposición del presidente, Alberto Núñez Feijóo, porque “no los usa”. Por tanto hasta ahora ya han confirmado que, como mínimo, quieren darle salida a una veintena de vehículos.
A esta adquisición hay que sumarle también el alquiler de al menos un lote de otros cinco coches para la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), dos de ellos de gama alta, por los que la Xunta pagará otros 85.000 euros hasta 2012. Además, la conselleira de Mar también utiliza un vehículo que fue matriculado hace solo dos meses.
La adjudicación para suministrar los cinco coches al ISSGA se realizó por medio de un procedimiento abierto que le fue concedido a la empresa Seat Brea Motor, una de las imputadas por vía penal en el caso del Trucarro, la presunta macroestafa de venta de automóviles con el cuentakilómetros trucado. El juez de instrucción del número dos de Santiago, Javier Míguez Poza, aún investiga el caso, en el que la Guardia Civil llegó a practicar 40 registros e investigar al menos a 26 empresas. Pedro Hervés, responsable de las empresas del Grupo Brea, culpó a sus empleados de vender coches con los cuentakilómetros manipulados a otros talleres de compraventa.
Brea Motor, que ofertó coches Seat Ibiza 1.6 Tdi Style de 105 caballos, se impuso en el concurso a otras tres empresas entre las que estaba un concesionario de Citroën. En esta ocasión, la Xunta no optó por la marca que se fabrica en Vigo y se quedó con las mejores condiciones de Brea.
El Gobierno autonómico está ahora pendiente de aprobar su plan de modernización del parque móvil, en el que se aclarará si finalmente solo los altos cargos se benefician de la permuta de los coches que empleaba el bipartito o, en caso contrario, cuáles son las entidades públicas que obtendrán vehículos a cambio.
El anterior intento de Alfonso Rueda de deshacerse de los automóviles del anterior Gobierno gallego no tuvo éxito, ya que solo consiguió vender el blindado de Touriño y los dos que había comprado Fraga, que en su día le costaron a la Xunta 1,1 millones de euros, por 330.650 euros, a cambio de varios vehículos “para servicios sociales”.
