Investigan a personal de Cultura por cohecho y tráfico de influencias

Un juzgado de Santiago investiga una presunta trama por la que personal de la Xunta se habría aprovechado de restauraciones del patrimonio cultural de la Iglesia para obtener beneficios económicos. Hay doce imputados entre miembros de la Administración y representantes eclesiásticos. Entre ellos, el restaurador Carlos Gómez-Gil Aizpurua, de la Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais; el arquitecto de la S.A. de Xestión del Xacobeo José Manuel Pichel y el obispo de Tui-Vigo, José Diéguez, que ya han declarado.

Según fuentes cercanas al caso, Gómez-Gil podría haber obtenido más de 100.000 euros en dos años con estas operaciones, en las que recibiría dinero de empresas a las que les adjudicaría obras de restauración de retablos y otros bienes, con informes favorables emitidos por Patrimonio de la Xunta.

La instrucción del caso, en la que se han intervenido incluso llamadas telefónicas, comenzó a través de una denuncia de la Consellería de Cultura a la Fiscalía en la etapa del bipartito, a raíz de unas diligencias informativas abiertas para la apertura de un expediente disciplinario contra el arquitecto José Manuel Pichel. El miembro de la S.A. de Xestión del Xacobeo también está imputado como posible cooperador, después de que el Ministerio Fiscal viese indicios de delito por cohecho y tráfico de influencias y lo transmitiese a los juzgados, que han abierto diligencias penales.

La Fiscalía de Santiago confirmó a este diario dicha denuncia. Por su parte, la Consellería de Cultura rechaza pronunciarse al respecto, y asegura que “si el caso está en los tribunales, son ellos quienes deben resolverlo”.

Entre los doce imputados hay más técnicos del Gobierno gallego y la investigación abarca además las diócesis de Santiago y de Ourense, además de Tui-Vigo. Fuentes cercanas a la investigación afirman estar “convencidas” de que hay “muchos más delitos y de ahora en adelante se concretarán muchas cosas con la investigación judicial”. La Consellería de Cultura, tanto en la etapa del bipartito como con el actual Gobierno, ha tenido que colaborar en la instrucción del caso aportando datos y documentación al respecto.

En la presunta trama, además del dinero que recibirían los funcionarios a través de ciertas empresas a cambio de informes favorables de Patrimonio para realizar restauraciones, el personal de la Xunta habría concedido también subvenciones con dinero público para su propio beneficio, como sucede en el caso de la investigación que se está llevando a cabo en el obispado de Tui-Vigo por la venta de la casa rectoral de Paraños, en Covelo (Pontevedra), a Gómez-Gil Aizpurua por solo 60.000 euros.

“UNA VENTA NORMAL” PARA EL OBISPO

El obispo de dicha diócesis, José Diéguez Reboredo, que ya ha declarado como imputado en el caso, defiende su inocencia y asegura que “la venta se realizó por un precio normal”, pero no quiere confirmar el nombre del trabajador de la Xunta como comprador.

El restaurador de la Subdirección Xeral de la Consellería de Cultura, ahora con puesto fijo, llegó al Gobierno gallego sobre el año 2000 con un contrato temporal, y en 2003 consiguió arrendar la casa rectoral por un período de 23 años “con la condición de restaurar la casa y los retablos de la iglesia”. Según el obispo, Gómez-Gil “invirtió en la restauración y en las reparaciones unos 150.000 euros”. Después, solicitó su compra. “Se le vendió, porque después de todo el dinero invertido, no quería perderla, así que se hizo una tasación”, explica el obispo.

En ella, se estimó el precio de la casa rectoral en 210.000 euros, pero “a este precio se le restó todo lo que esta persona ya había invertido, porque antes estaba en muy malas condiciones”. De este modo, el empleado de Cultura compró la casa rectoral por solo 60.000 euros. “Es normal, porque es una zona despoblada, y aunque hay mucha gente que se ha quejado por el precio, allí se han vendido casas hace poco por tres millones de pesetas”, justifica Diéguez Reboredo.

La investigación se centra, por un lado, en determinar si hubo delito en la concesión a dedo de las reparaciones de la casa rectoral y los retablos a empresas que pagaban dinero a cambio. Por otro, debe determinar si Gómez-Gil se aprovechó de subvenciones del Gobierno gallego para arreglar una propiedad que luego adquirió a título personal.

Además, el juzgado investiga otras restauraciones en iglesias y capillas de la misma diócesis. También hay actuaciones de este tipo con presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en Santiago y Ourense.