El Juzgado Mercantil número 2 de A Coruña ha adoptado medidas cautelares contra la empresa gallega A-Cero por supuesto uso de software no autorizado, según informó hoy, en un comunicado, el comité español de la Business Software Alliance (BSA), entidad que agrupa a la industria de software comercial, y que cifra en 254.874 euros el depósito que la empresa tendrá que abonar en garantía de pago ante la posible indemnización que deberían recibir las empresas afectadas si finalmente la sentencia es favorable a los demandantes.
Según BSA, "se trata de uno de los mayores depósitos exigidos hasta el momento en nuestro país a una sola empresa por presunta instalación y uso de software ilegal". Además, afirma que el Juzgado "ha decretado el embargo de los equipos en los que estaba funcionando el software y el cese de la actividad ilícita".
Las oficinas de A-CERO, dedicada a la arquitectura y al urbanismo, fueron registradas en junio de 2009 por orden judicial. La inspección de 33 ordenadores reveló, según el comité español de BSA, el uso presuntamente ilegal de software sin licencia de varias compañías. El informe pericial estimó que el valor del los programas pirateados era de 254.874 euros, "cantidad que ahora debe depositar la compañía a la espera de que se celebre el juicio y se dicte sentencia definitiva" señala BSA en su comunicado.
En 2009, esta entidad llevó a cabo hasta 19 acciones legales en Galicia contra empresas por presunto uso de software sin licencia. Según Luis Frutos, presidente del Comité Español de BSA, "esta decisión demuestra que, cada vez más, los juzgado mercantiles tienen en cuenta los graves perjuicios que el uso de software ilegal supone para los propietarios de los derechos de propiedad intelectual".
Galicia es, según esta organización, la séptima comunidad autónoma de España con mayor índice de uso de software pirata en sus empresas. Al respecto, asegura que 4 de cada 10 programas utilizados por las empresas son adquiridos de forma ilegal.
En cuanto a la venta de copias ilegales de software en establecimientos profesionales, según el último estudio realizado para BSA en España, Galicia es la cuarta comunidad autónoma con mayor índice de piratería en el canal de distribución.