Denuncian que la UE subvencionó a barcos gallegos infractores

La ONG Pew Environment Group (PEW) denunció ayer, a través del proyecto Fishsubsidy, que la Unión Europea (UE) concedió ayudas a seis barcos gallegos que posteriormente cometieron ilegalidades recogidas en la Política Pesquera Común. Asimismo, acusan a la Unión –en un informe en el que incluyen 42 embarcaciones de Reino Unido, Francia y España– de subvencionar a otros 16 buques españoles que llevaron a cabo distintos tipos de acciones prohibidas. En este sentido, consideran que la UE potenció con sus ayudas económicas “el exceso de capturas” de los barcos.

Los responsables de Fishsubsidy denunciaron en concreto que los barcos Vispón, Arosa Doce, Arosa Nueve y Arosa Quince (con puerto base en A Coruña); Monte Meixueiro (Vigo) y Cibeles (Burela) recibieron ayudas tras las cuales se vieron implicados en distintos delitos.

Aunque reconocen que su informe no se basa en datos oficiales dados a conocer por los gobiernos, explican que “la información se tomó de páginas web de las Administraciones, informes de prensa y registros judiciales”. Así, denuncian que el armador del Vispón recibió en 2002 casi un millón de euros para la construcción del buque, que en 2007 fue sancionado por no dar cuenta de sus capturas pesqueras.

El estudio contempla que los tres pesqueros de Transpesca sumaron unos 800.000 euros en ayudas para distintas modernizaciones en 1998 y 2001. Después de recibir estas subvenciones, en 2006 la armadora fue sancionada con más de diez millones de euros por pesca ilegal y por no informar de las capturas de la serie Arosa.

Según la ONG, la Unión Europea también colaboró en la construcción del Monte Meixueiro con más de un millón de euros, pero en 2005 multó al propietario por pesca ilegal y prácticas ilegales de descarte de pescado en aguas de Noruega. En el caso del Cibeles –que en los censos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino aparece ya como una embarcación desguazada– denuncian que dos años después de recibir ayudas se descubrió que no anotaba sus movimientos en el diario de a bordo.

Entre los demás buques españoles infractores, también incluyen al Galaecia (con base en Ceuta), un pesquero de la empresa de Ribeira Vidal Armadores, que tiene varios expedientes abiertos por pesca ilegal en Australia y Nueva Zelanda.

En este sentido, los redactores del informe acusan a la UE de acabar promocionando actividades pesqueras que son ilegales, como superar las cuotas establecidas para cada barco, defienden que, aunque no existe la obligación de considerar el “comportamiento” delictivo a la hora de decidir los subsidios, “los Gobiernos deberían asegurarse de que los beneficiarios de las ayudas no están implicados en la pesca ilegal”.

“Tendrían que publicar listas de condenas por pesca ilegal; ésta es la única manera de asegurar que el dinero público no va a pescadores que rompen las leyes”, comenta Jack Thurston, uno de los fundadores del proyecto Fishsubsidy.