Después de una campaña electoral repleta de sillas, coches de la marca Audi y despachos faraónicos, en las últimas semanas la Xunta ha adjudicado sin concurso 2,2 millones de euros al grupo Microsoft en licencias informáticas. Una medida que choca de lleno con las promesas de austeridad y con el uso del software libre en la Administración autonómica.
El concurso no fue en absoluto limpio. Abierto por un alto cargo con responsabilidades en la Xunta desde el año 2002, con el Gobierno de Manuel Fraga, solo se le ofreció la adjudicación a la multinacional –que aceptó en 24 horas–, no se convocó la mesa de contrataciones y ni siquiera se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG). La cantidad económica en juego es demasiado elevada y los ciudadanos merecen una explicación. Si no había favores pendientes con la compañía, no se entiende el ocultismo del proceso.
Para aportar mayores dosis de incertidumbre al caso, los informes técnicos se realizaron en pleno traspaso de poderes, por lo que no está clara la implicación del Partido Socialista. Los 2,2 millones de euros equivalen a la tercera parte del plan de ayuda para la compra de automóviles de la Xunta, lo que da una idea de la envergadura de la adjudicación.
Ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, eludió dar demasiadas explicaciones sobre el caso y se limitó a afirmar que la opción de darle la adjudicación a Microsoft “era la menos mala”. Independientemente de quienes hayan sido los responsables del proceso, el PP pidió durante semanas argumentos que justificasen los gastos de Emilio Pérez Touriño en su despacho. Esta misma semana, organizaron una visita guiada para periodistas a las dependencias. No estaría de más una declaración más exhaustiva con todos los detalles de la operación.
Al margen de este concurso en concreto, los tres partidos con representación en el Parlamento de Galicia se comprometieron desde hace tiempo a implantar el software libre en el conjunto de la Administración. Figura además en el programa electoral del PP. Las licencias adquiridas a la multinacional le podían salir gratis a la Xunta, por lo que el despilfarro es considerable y 2,2 millones de euros son casi 370 millones de las antiguas pesetas. ¿Era tan urgente y necesario el desembolso? Los gallegos siguen esperando una explicación.