Con carita de bueno y gallgo de diccionario inexperto, el conselleiro de Educación intentó defender en el Parlamento la supresión de la gratuidad universal de los libros de texto. La crisis y la “austeridad” como coartada.
Entre los argumentos en contra ha faltado uno muy contundente, que deja al descubierto la ideología no solo populista sino retrógrada del conselleiro: tal medida es un atentado directo contra un logro del Estado de Bienestar, como es la gratuidad de la Enseñanza. Nuestro país, en su etapa democrática, ha realizado el esfuerzo costoso pero rentable de universalizar la enseñanza, de prolongar en dos años su obligatoriedad, y de darle un carácter gratuito también generalizado, que ampara incluso a la enseñanza concertada. Dentro de este esfuerzo Galicia dio un paso más, extendiendo la gratuidad a los libros de texto, que no son sino una herramienta más de la enseñanza.
La iniciativa de limitar esta gratuidad a las familias con menor poder adquisitivo es una forma de contrabando ideológico. Se argumenta que no hay que regalar los libros a los pudientes, dándoles el mismo trato de favor que a los pobres. Y se compara el tema con la famosa y desafortunada medida de los 400 euros y con el cheque bebé.
En primer lugar, la gratuidad de los libros de texto no es un trato de favor, sino un avance en el sistema de enseñanza obligatoria y gratuita. Sistema quiere decir algo aplicable a todos los usuarios, sin hacer excepciones. Un servicio que se retorna al conjunto de la sociedad mediante un mecanismo de devolución social de lo que la sociedad ha pagado con sus impuestos. En nuestro país existe un sistema fiscal razonablemente justo y proporcional, a través del cual el que más gana contribuye más. Y que justifica que los servicios universales puedan ser igualitarios, sin establecer nuevas proporcionalidades en función del poder adquisitivo. Esta ocurrencia podría llegar a considerarse una subida encubierta de impuestos a una parte de la sociedad (según sus cálculos a un 40%, según la oposición a un porcentaje más elevado): porque se les hace pagar dos veces –mediante impuestos y mediante el abono del servicio– lo que otros pagan solamente mediante impuestos.
En segundo lugar, es un atentado a un avance ya instaurado en la gratuidad de la enseñanza. Gratuidad convertida en un derecho social, que la medida del conselleiro trata de retrotraer a un acto de misericordia o a una especie de limosna liberal.
Algunos gestos (posiblemente populistas) del gabinete Feijóo habían dado un cierto aire progresista a sus perspectivas de gobernación. Medidas como ésta contradicen esa apariencia, y lo sitúan en posiciones más retrógradas que las del último gobierno Fraga. Escuché y aplaudí al entonces conselleiro Celso Currás propugnar una medida avanzada de libro de texto electrónico, con el uso del ordenador personal para los escolares.
La actual decisión retrocede, pues, dos pasos, uno respecto al bipartito y otro respecto a la propuesta de Currás. Y se acerca más a modelos de sacristía o de comedores del auxilio social. No quisiera darles más pistas, pero espero que no se les ocurra seguir desmantelando otro sistema como el de salud, porque pueden empezar con discriminaciones en el pago de las medicinas y terminar con el pago del propio acto médico.
Y que no se dejen engañar los menos pudientes: unos sistemas de servicios, como el de salud y el de enseñanza, deben ser universales e igualitarios para todos. Porque la proporcionalidad en la aportación para su sustento ya se ha dirimido a través de los impuestos, mediante los cuales cada uno aportó según sus posibilidades y ganancias.