Es relativamente fácil que un político confunda propaganda con publicidad institucional. Y más en estos tiempos, en que todo está tan embrollado. Así no es de extrañar que el Gobierno gallego, en este caso su presidente, hable de propaganda para referirse supuestamente a la publicidad institucional.

Feijóo acaba de anunciar tres leyes (tres), reformadoras en materia audiovisual y de telecomunicaciones. Una de ellas, la de publicidad institucional “para transparentar y racionalizar –alega el presidente– el exceso de propaganda”. ¿Qué propaganda? Sospecho que Feijóo se refiere a la propia publicidad institucional que anuncia en esa nueva ley.

Lo normal en Galicia (estoy seguro de que lo mismo sucede allende el Padornelo) es confundir ambos conceptos, pues desde que los gallegos tenemos gobierno propio, no conozco a nadie (si hay alguien capaz de hacerlo, que lo diga ahora o calle para siempre) que haya podido diferenciar la “publicidad institucional” que hace la Xunta (ésta y todas las habidas hasta la fecha) de la más pura propaganda. Y si los primeros gobiernos cometieron con bastante menos frecuencia el mismo “error”, me hubiera gustado pensar (aunque en absoluto lo pienso) que se debió a escrúpulos éticos o a lo que podríamos llamar una mayor sensibilidad democrática, y no a la falta de dinero. ¿Que los políticos eran menos “raposeiros” que ahora? También pudiera ser.

En una democracia que se precie de serlo, la publicidad institucional es un elemento necesario de comunicación pública de las instituciones con los ciudadanos. Es un derecho del pueblo. La publicidad institucional tiene una finalidad informativa del funcionamiento de las instituciones, de los servicios que prestan, de las actividades que organizan, para que el ciudadano conozca, en plano de igualdad, sus derechos, los servicios de que dispone y el modo de usarlos debidamente. La publicidad institucional sirve además para fomentar hábitos, conductas y valores saludables y necesarios para la subsistencia y la convivencia. También para dar pública cuenta de aquello que los ciudadanos quieren y deben saber en una democracia. A veces, hasta sirve para informar de la existencia de la propia institución (una encuesta más o menos reciente ofrecía el sorprendente resultado de que un buen número de gallegos desconocían que hubiera un Parlamento propio de Galicia). El Parlamento gallego les sonaba a chino, vaya. Y eso que muchos de los susodichos ignaros votaban religiosamente en las elecciones autonómicas, a lo que hiciera falta.

Sé que vivimos tiempos en que la clase política (la clase política ya no tiene clase) confunde el culo con las témporas, ¿cómo no iba a confundir la publicidad institucional con la propaganda?

Lección 1: “La publicidad institucional es un elemento más de la comunicación pública que contribuye a informar al ciudadano de cuestiones de su interés” (del interés del ciudadano, se entiende). Lo contrario es la propaganda, que sirve al interés de los políticos y de sus partidos, casi siempre en perjuicio del ciudadano que, además, es quien la paga. El fin último de la propaganda (un fin perverso) es el control de la ciudadanía y de sus conductas. La propaganda política, en sus variadas formas, es, en las democracias, un inquietante superviviente de los autoritarismos. Por eso no conviene confundir los dos conceptos: el culo y las témporas. l