La tarea de gobierno no tiene por qué ser emocionante. En realidad, es mucho mejor que no lo sea. Les aseguro que no tengo nada en contra de los controladores aéreos. De hecho, me parece injusto que ahora se les anatemice y se les presente poco menos que como malhechores o parásitos de la sociedad.No hay nada de eso. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los controladores son ciudadanos tan respetables como cualquier otro, profesionales cualificados que realizan su labor con solvencia y amor por su trabajo y trabajadores que buscan legítimamente lo mejor para sí mismos y para los suyos.

No encuentro ninguna gratificación especial en aparecer como el ministro justiciero que se enfrenta a los malvados controladores y les arrebata un botín supuestamente obtenido a base de extorsionar a la sociedad y a los gobiernos anteriores. No es bueno para nadie que la gestión de los problemas económicos y políticos se quiera convertir en una novela de caballerías. Ni Pepe Blanco tiene vocación de Quijote, ni los controladores son gigantes disfrazados de molinos de viento.

Lo único que está en juego es la viabilidad económica y la competitividad de la navegación aérea en España en un momento de crisis y de cambio de modelo productivo. Algo tan poco heroico, pero tan importante como eso. Ese ha sido el único enfoque que nos ha importado a la hora de afrontar el problema derivado de la falta de acuerdo entre AENA y los controladores aéreos. Es verdad que a lo largo de mucho tiempo se han ido acumulando una serie de situaciones, en el ámbito del control aéreo, que tomadas en su conjunto y proyectadas sobre el telón de fondo de una gravísima crisis económica, resultan incompatibles con la racionalidad económica y con los intereses de España.

No se puede sostener en la Europa del siglo XXI un sistema competitivo de navegación aérea si sus costes duplican a los de cualquier otro país. Si se da una situación de monopolio que otros han dejado atrás con éxito. Si la empresa concesionaria del servicio –servicio público de titularidad pública y prestado por empleados públicos– carece de toda capacidad para dirigir y organizar el trabajo. Si se consolida un régimen retributivo disparatado en el que una de cada tres horas trabajada se paga al triple de su valor ordinario. Si cualquier profesional con 52 años tiene derecho a irse a su casa con el sueldo íntegro, convenga o no a las necesidades del servicio. Si el acceso al colectivo se rige por el estricto y endogámico procedimiento de la cooptación. El sector de la navegación aérea en España estaba gravemente amenazado por todas estas circunstancias. Y cuando eso pasa, la obligación de un gobernante es tratar de resolverlo.

La empresa concesionaria –AENA– y los controladores llevaban cinco años de negociación infructuosa desde el 31 de diciembre de 2004 cuando expiró el anterior convenio colectivo. Y las últimas propuestas que los controladores habían puesto sobre la mesa no solo no nos acercaban a la solución del problema, sino que lo agravaban. Entonces, el Gobierno decide tomar cartas en el asunto. Con un solo criterio: establezcamos un marco racional que devuelva las tarifas aéreas españolas a la normalidad europea y abramos una nueva negociación en ese marco, el único compatible con lo que España se puede permitir.

No he querido meter en cintura a nadie. Ni echar al público en contra de nadie. Ni mucho menos desatar un conflicto. El mundo se divide entre quienes se dedican a crear problemas y quienes se dedican a resolverlos. Modestamente, aspiro a estar entre los segundos. El decreto-ley de controladores es un mero acto de gobierno en el contexto de una política económica de lucha contra la crisis y de modernización de nuestras estructuras productivas. Si sirve para algo en este terreno, me doy por satisfecho. Lo demás forma parte de una concepción circense de la política que ni comparto ni me parece útil.Y es que gobernar es, ante todo, hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo.