El 6 de marzo deberían quedar constituidos los nuevos órganos de gobierno de las cajas de ahorro, según la ley objeto de tan encendidas polémicas; sin embargo, se vislumbra un nuevo retraso en la adopción de medidas, ya sea por recurso del Gobierno ante el TC, ya por modificación de la Ley vigente.

Durante el último año, los políticos han hablado en exceso o se han comportado cual donna movile, piuma al vento o equilibristas en el alambre. Consecuencia: demora en resolver, por ignorancia acerca de la singularidad del sector y la importancia que tiempo y confianza tienen en las finanzas, susceptibles de valorarse en términos de dinero.

Los alcaldes del norte y del sur han opinado de forma divergente y han amenazado; en medio, el árbitro, siempre atento a que el partido termine en empate, por si puede sacar ventaja de la incapacidad de unos y otros ante el gol.

Una vez más, los localismos bizcos, irracionales, de zanahoria, han eructado sus respectivas verborreas, que sólo agradan al coro propio que, por cierto, suele jalear con complacencia estos discursos porque escucha lo que desea oír: discursos hueros como ¡... desde aquí lideraremos un gran proyecto para Galicia!; ¡...no consentiremos que nos colonicen!; ¡...nos ofrecemos como sede del resultado!; ¡...no estamos para resolver los problemas de los demás!...

Ninguno ha planteado si es viable la independencia de las entidades, si la fusión mejoraría la eficiencia individual, si habrá otra comunidad autónoma ingenua que afloje sus garras para poner su presa en nuestras manos.

Finalmente, la reforma se ha realizado precipitadamente, en poco más de un mes, sin apoyos sociales, sin escuchar.

Pero lo que a mí me asombra es que quieran convencernos de que la nueva situación supone una menor ingerencia política en las cajas gallegas.

Inadmisible. Con la nueva legislación, tendrán procedencia política entre 80 y 84 consejeros generales, sobre un total de 160. Con la legislación anterior la proporción era de 40 sobre 160.

En el Consejo de Administración, la situación será muy similar: 12 o 13 consejeros, entre 25, tendrán origen político; frente a los 5 actuales, sobre un total de 21.

¿Cuáles serían las consecuencias de estos números? Responda usted, pero antes recuerde por qué se producen tan bochornosas situaciones en el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.